LOS CONVENIOS COLECTIVOS COMO FUENTE DE LA RELACIÓN LABORAL

APUNTES PARA UN DEBATE RECURRENTE

Desde su redacción original, del año1980, el artículo 3.1.b) del Estatuto de los Trabajadores dispone que los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan, entre otras fuentes, «por los convenios colectivos». Es claro que con esta breve referencia se atribuye al convenio colectivo, de manera formal y expresa, la condición de fuente de regulación de la relación laboral, al menos en lo que se refiere a la creación de «derechos y obligaciones» en ese contexto. Pero tal afirmación, a poco que se reflexione, apenas sirve para dar cuenta cabal del alcance real de un pasaje que, como el que se acaba de exponer, está plagado de incógnitas y problemas interpretativos, pese a su aparente sencillez (o precisamente por ello: por su extremada simplicidad). Acierta el precepto, seguramente, en su concisión y contundencia, pero son muchas las cuestiones, dudas o dificultades que con una formulación tan escueta se abren al intérprete a la hora de acotar su significado real o su proyección efectiva, algunas de ellas, por cierto, ligadas al espinoso tema de la eficacia jurídica de las reglas de origen convencional. Ante todo, cabe plantearse si con esa referencia se ha querido «consagrar» en el sistema de fuentes de la relación laboral un determinado tipo de convenio colectivo, o si, por el contrario, no se ha hecho más que una alusión general a la negociación colectiva como fuente de creación de reglas para el contrato de trabajo, con independencia del formato que éstas adopten (convenio colectivo propiamente dicho, convenio informal, acuerdo de empresa, etc.). También cabe cuestionarse si estamos ante una mera cláusula de estilo o si se trata más bien de una declaración capaz de condicionar o cuando menos anunciar la naturaleza jurídica del convenio colectivo, particularmente en lo que se refiere a su eficacia, a su manera de obligar o, en fin, a la manera de ejercer su «fuerza vinculante», si se quiere ver desde esta otra perspectiva. Cabe preguntarse, en fin, si tan sólo supone ese precepto una pura y simple toma de conciencia acerca del fenómeno de la negociación colectiva y de su importancia para la regulación de las relaciones de trabajo, o si, en cambio, nos puede servir asimismo para perfilar la posición jurídica del convenio en nuestro sistema de fuentes, no en su eventual contraste con normas legales o reglamentarias, sino también, y sobre todo, en su inevitable relación con el propio contrato de trabajo. Lógicamente, para afrontar ese tipo de cuestiones no es posible limitar las reflexiones a lo que formalmente se desprende del citado pasaje legal. Por lo pronto, han de tenerse en cuenta también las restantes menciones que el propio artículo 3 ET hace a los convenios colectivos, menciones que son de distinto alcance y tenor literal, pero que se dirigen sobre todo a esa última cuestión, esto es, a precisar el rango jerárquico del convenio colectivo en el sistema de fuentes de la relación laboral, y a proporcionar criterios para la solución de eventuales problemas de conflicto o concurrencia con otras fuentes laborales. Son, en concreto, las siguientes: la atribución a las condiciones de trabajo establecidas en «convenio colectivo» de carácter mínimo e imperativo respecto de la autonomía de la voluntad expresada en el contrato de trabajo (párrafo 1, letra c); la inclusión de las «normas laborales pactadas» entre las que se ven afectadas por el principio de jerarquía y el ámbito de aplicación de los principios de norma mínima y de norma más favorable (párrafo 3); la atribución a los usos y costumbres de carácter subsidiario y supletorio respecto de las «disposiciones convencionales» (párrafo 4), y la extensión del principio de irrenunciabilidad a «los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo» (párrafo 5).

Han de barajarse, asimismo, todas aquellas alusiones al convenio colectivo que se encuentran a lo largo de nuestra legislación laboral, que presentan a su vez diversa fisonomía y sentido muy variado. Por supuesto, la parte más gruesa de este otro acervo de regulación legal sobre el convenio colectivo se encuentra dentro del Título III del ET, en el que se dan indicaciones muy precisas sobre la elaboración, el contenido y, sobre todo, la eficacia jurídica y personal del convenio «estatutario». Otro grupo interesante de previsiones se encuentra disperso a lo largo del propio ET, unas veces para atribuir al convenio colectivo funciones específicas o concretas posibilidades de acción, otras para preservarlo frente a determinados actos o incidentes de carácter laboral o empresarial, y otras, en fin, para tomar nota de la existencia de convenios o acuerdos de carácter particular, distintos del convenio colectivo típico u ordinario. Finalmente, otras muchas menciones al convenio colectivo pueden consultarse  en los restantes segmentos de la legislación laboral, desde la ley de libertad sindical a la regulación legal de la huelga, desde la ley de infracciones y sanciones a la ley de procedimiento laboral, desde las normas de empleo a la ley de prevención de riesgos laborales, normalmente para encomendarle algunas tareas, abrirle mayores espacios de juego o garantizar su virtualidad y eficacia. Muy particular es, en todo caso, la referencia al convenio colectivo del art. 1 de esa última disposición legal –la Ley 31/1995–, que reitera su condición de fuente de regulación en esa materia y que llega a calificarlo, directamente, de  «norma convencional». Tampoco puede faltar en este contexto, desde luego, alguna consideración específica acerca del artículo 37.1 de la Constitución, que como es sabido, encarga al legislador la tarea de garantizar tanto el derecho «a la negociación colectiva» como la «fuerza vinculante de los convenios», y que, según el parecer general de la doctrina, supone la aceptación formal por parte del Estado de una fuente de regulación que por definición actúa extramuros de sus poderes o instancias normativas.  

F. VALDÉS DAL-RÉ, «La negociación colectiva en la Constitución», RPS, núm.121 (1979), pp.469 ss.

M.R. ALARCÓN CARACUEL, «La autonomía colectiva: concepto, legitimación para negociar y eficacia de los acuerdos», AAVV, La reforma de la negociación colectiva.